El pacto de Bucareli

Roberto Gil Zuarth/El episodio abría un margen para sacudir inercias. El amago de castigo visibilizó la perversidad del látigo. Una lamentable sugerencia ponía al desnudo, como nunca antes, la discrecionalidad y opacidad de ciertos subsidios federales. Un capricho burocrático echaba luz sobre el uso faccioso de las ampliaciones extraordinarias a las maltrechas finanzas locales. El país se enteró que hay dinero sobre la mesa que no pasa por los ductos de la coordinación fiscal ni de los presupuestos. Se evidenciaron esos cuestionables “mecanismos de gobernabilidad” que se han usado para disciplinar a adversarios y premiar a los leales. Surgieron preguntas incómodas sobre el famoso “Ramo 23” y sus convenios de distribución. Se reeditó el debate sobre la práctica de reservar “bolsas” de recursos públicos, sin reglas de operación, racionalidad costo-beneficio, rendición efectiva de cuentas. Las asimetrías y vacíos del federalismo se hicieron visibles con la denuncia de un incumplimiento que no tenía solución institucional disponible. Un gobierno local plantaba cara a la poderosa Federación para, según se dijo, poner fin al regateo político con el presupuesto. Todo pintaba para un nuevo impulso transformador a nuestra inacabada transición.

Esa chispa de indignación se apagó en un mal arreglo. Si el acuerdo alcanzado entre la Federación y el estado de Chihuahua se reproduce fielmente en el documento suscrito, el resultado no puede celebrarse. Sus cláusulas son la confesión de arbitrariedades, de la ominosa intervención política en la procuración de justicia, de la manipulación de la ley. El pacto está plagado de instrucciones a instituciones que deben gozar de independencia frente a todo tipo de expresión de poder. Revela que, para ambos gobiernos, el ministerio público es una oficialía de partes que procesa órdenes superiores. El secretario de Gobernación y un gobernador negocian la forma en la que sus respectivos ministerios públicos desahogarán causas penales que deben responder necesariamente al imperativo del debido proceso. Transigen sin rubor el traslado de un acusado que está vinculado a proceso y bajo custodia de un juez, como si la ley no fijara modos de proceder en esos casos. Sin ninguna atribución, convienen cómo y cuándo se practicará la prueba prevista como derecho de una persona que formula una denuncia de tortura e, incluso, designan al perito (al que no le habían avisado, por cierto). La PGR deja sin efectos investigaciones y multas impuestas horas antes, quizá como reconocimiento de la ilegalidad de su origen o de la conveniencia política del basurero.

La indignación no deja resultado virtuoso. Sí, se obtuvo el dinero reclamado, pero a costa de reconocer legitimidad a la práctica perversa de asignación discrecional de fondos públicos. La causa política que inició en la condena a un convenio, termina en otro que intercambia nuevamente dinero por claudicaciones. Dice uno de los numerales más desafortunados del pacto: ambas instancias reconocen la juridicidad de los convenios como vehículo para la ministración de recursos a las Entidades Federativas y, por tanto, el Gobierno de Chihuahua declina de su intención de promover controversia constitucional. Los firmantes no acordaron una reforma o la mecánica para remediar nuestro federalismo, sino dejar de cuestionar la pertinencia y legalidad de las negociaciones discrecionales. No hay un compromiso de sentar a la mesa a gobierno, oposición y sociedad civil para repensar las reglas. Satisfecha su pretensión económica, el gobernador renuncia a lograr un precedente útil hacia el futuro: a la posibilidad de que la Corte razone la convivencia financiera entre la Federación y estados; la legalidad de los fondos extraordinarios no presupuestados; las condiciones de ejercicio de las transferencias federales; los mínimos de equidad en el trato; las sanciones y remedios al incumplimiento de las obligaciones de unos y otros.

El Pacto de Bucareli es la pistola humeante del efecto corruptor sobre procesos penales. La violación flagrante y confesa a la garantía de independencia en la función de acusar. Una ventaja que alguien podrá usar en el futuro para evadir sus responsabilidades. El testamento de un movimiento que se quedó corto en su propósito inicial. El Ramo 23 y sus convenios seguirán ahí, intactos, igualmente opacos e inexpugnables. Preparen, desde ya, la siguiente caravana para el presupuesto del año que entra, porque el niño sigue en el pozo.

Senador de la República