*La obra no se debe realizar a espaldas de la sociedad; sin
confrontaciones pide cumplir con la democracia participativa
La diputada Martha Alicia Escamilla León insistió en la necesidad de llevar a cabo un consenso amplio respecto al proyecto y ubicación del Centro Cultural y de Convenciones que pretende construir el Gobierno del Estado, y que en este diálogo se destierren los rasgos de confrontación y discordancia que impiden un diálogo sereno y la posibilidad de decidir lo mejor para Oaxaca.
Al hacer uso de la tribuna, durante la sesión de Comisión Permanente, la legisladora del grupo parlamentario del PRI en la LXII Legislatura estatal lamentó la falta de consensos reales respecto al proyecto del Centro Cultural y de Convenciones, pero además, la evidente intención de convertir en negocio particular un tema público.
“Ello está confrontando a diversos actores sociales que al igual que su servidora, ven en la posibilidad de construir ese Centro en el Cerro del Fortín, una obra que traería más perjuicios que beneficios a la ciudadanía, pero sobre todo, un profundo impacto negativo en los aspectos ecológico y urbano de la ciudad capital”, recalcó.
La Legisladora local dijo que una obra proyectada con un costo total de más de 500 millones de pesos no puede ser improvisada, particularmente si partimos del hecho que ni siquiera se sabe con certeza si existe el proyecto, mucho menos conocemos detalles del mismo, pero además de que tampoco se sabe si cuenta con los permisos federales y municipales necesarios para su ejecución, subrayó.
Y tampoco es válido, aseguró, que se pretenda suplir la incapacidad con la improvisación, porque es inadmisible que en aras de evitar perder el dinero etiquetado en el Presupuesto federal 2014, se comience con una obra que no cuenta con el respaldo social, y tampoco reúne las condiciones técnicas ni requisitos necesarios para ser ejecutada.
Por esa razón, Martha Alicia Escamilla hizo un llamado urgente al Ejecutivo estatal para que no se lleve adelante esa obra si no es a partir de un consenso amplio y público, en el que la sociedad conozca a detalle el proyecto y el impacto que la misma tendría, evitando con ello que una vez iniciada, deba ser detenida o, en el peor de los casos, se convierta en un elefante blanco, con el consecuente daño al erario que ese tipo de acciones ocasiona.
Finalmente, dijo que la sociedad demanda el cumplimiento de la democracia participativa, “que permita que los ciudadanos tomemos un papel cada vez más activo en la toma de decisiones públicas, sin que ello implique la parálisis gubernamental, pero también sin que esto sea un simple acto demagógico, en el que el gobierno simule escuchar, para terminar decidiendo lo mismo que había proyectado desde el inicio”, remató.