Senadora de Morena pide a Rocha Moya dejar el cargo ante investigación federal

La senadora de Morena, Guadalupe Chavira de la Rosa, solicitó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, separarse del cargo para facilitar el desarrollo de investigaciones en su contra por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), en un contexto marcado por señalamientos de carácter internacional que, sostuvo, comprometen la estabilidad institucional del estado.

En un posicionamiento público, la legisladora planteó que la permanencia del mandatario sinaloense podría afectar la confianza ciudadana, así como el desempeño de las instituciones de seguridad y justicia. Por ello, consideró que una eventual separación del cargo permitiría que las indagatorias avancen sin interferencias, tanto reales como aparentes y bajo condiciones de mayor independencia.

Chavira subrayó que esta petición no implica una condena anticipada ni vulnera el principio de presunción de inocencia, sino que responde a un criterio de responsabilidad política e institucional frente a acusaciones que calificó como graves. En ese sentido, indicó que la función pública exige estándares adicionales a los estrictamente legales, particularmente cuando están en juego la gobernabilidad y la credibilidad de las autoridades.

La legisladora advirtió que los señalamientos —que incluyen presuntos vínculos con el crimen organizado, intervención en procesos electorales y posibles actos de protección a operaciones ilícitas— colocan a la entidad en una situación delicada, al incidir en la percepción pública y en la legitimidad del gobierno estatal.

Asimismo, llamó a las autoridades federales y a los órganos competentes a conducir cualquier investigación con apego a la legalidad, sin simulaciones ni uso político de los procesos y garantizando la continuidad institucional en Sinaloa en caso de que se concrete una eventual separación del cargo.

Finalmente, insistió en que corresponde a los poderes locales actuar conforme al marco constitucional para evitar vacíos de autoridad, al tiempo que reiteró que el caso debe resolverse en las instancias correspondientes, con respeto al debido proceso y a los derechos del mandatario.