*El Instituto de Formación Profesional de PGR capacitará a todos los operadores que tienen la responsabilidad de la procuración y administración de la justicia.
Para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro país, es importante la coordinación entre las instituciones y, como resultado de ello, el 24 de noviembre entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales en Durango y Puebla, así lo afirmó la Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Mariana Benítez Tiburcio.
Al participar en las XV Jornadas sobre Justicia Penal. Código Nacional de Procedimientos Penales, Benítez Tiburcio indicó que la formación y capacitación de los operadores son fundamentales para logar una implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal ordenada, coordinada y homogénea.
En ese sentido, la jurista oaxaqueña subrayó que la PGR se dio a la tarea de implementar un diseño para capacitar a los Ministerios Públicos, Policías Ministeriales y Peritos, obteniendo como resultado un Programa Nacional. Asimismo, se creó un Instituto de Formación Profesional que capacitará a todos los operadores y que se pone a disposición de las instituciones que tienen la responsabilidad de la procuración y administración de la justicia.
En el acto, celebrado en el Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, Benítez Tiburcio aseguró que con la entrada en vigor del Código y con las primeras audiencias llevadas a cabo el día de hoy en las citadas entidades federativas, se da un paso importante en la transformación de la vida jurídica en materia penal.
Acompañada de Pedro Salazar Ugarte, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; de Sergio García Ramírez y Olga Islas González Mariscal, coordinadores de las Jornadas sobre Justicia Penal, y de los ponentes Ruth Villanueva Castilleja, Enrique Díaz Aranda y Luis Rafael Moreno González, la Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales, resaltó que para operar el nuevo Sistema de Justicia Penal se requiere de funcionarios que estén plenamente capacitados y cuya vocación esté destinada al trabajo que México requiere.