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De confirmarse este dato en las cifras de incidencia delictiva oficial que se darán a conocer el 20 de diciembre, significaría un cierre negativo del primer año de gobierno, luego de cuatro meses previos en donde la tendencia se había estabilizado e incluso disminuido.
Además, y según la misma estadística, el pasado fin de semana se reportaron en un lapso de 24 horas un total de 127 homicidios, registrándose el día mas violento de todo el primer año de gobierno.
Las cifras del SESNSP muestran que en 19 de las 32 entidades federativas – o sea en 2 de cada 3 estados – la tasa de homicidios creció este año en comparación con el anterior.
Los focos rojos están en Sonora, donde la tasa de homicidios de 2018 a 2019 se incrementó en casi 49%; seguido de Hidalgo donde el alza fue de 47.4%; Morelos con un incremento de 35.4%; Nuevo León con un alza del 28%, y Aguascalientes con 25.32%.
Después se ubica Coahuila con un alza de su tasa de homicidios en 2019 del 24%; Tlaxcala con un alza en la misma del 19.4%; Tabasco con 18.4%; Michoacán con 18.2%; Jalisco con 13.8% y Chihuahua con 13.7%.
Las otras entidades que registran alzas en sus tasas de violencia homicida este año son Estado de México, Campeche, Guanajuato, Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Quintana Roo y Colima.
Seguridad pública militarizada
El primer año del gobierno de López Obrador vio nacer a la Guardia Nacional que, de acuerdo con la reforma constitucional que dio pie a su creación y de su ley orgánica, se trata de una fuerza federal de seguridad civil destinada tanto para labores de prevención del delito, así como para investigar delitos.
Pero en los hechos la Guardia Nacional es en realidad un cuerpo policial militarizado: más del 70% de sus actuales efectivos provienen de las fuerzas armadas o son personal reclutados por las mismas, mientras que el cien por ciento de sus mandos operativos en los estados son militares.
El apoyarse de inicio en los recursos humanos y presupuestales de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina le ha permitido a la Guardia Nacional sumar hasta octubre pasado un estado de fuerza de casi 71 mil elementos, con presencia en las 32 entidades federativas.
Más del 40% de los efectivos de Guardia Nacional desplegados (30 mil 321) se concentran en siete entidades: Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz y Chiapas.
El secretario de seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, ha fijado como meta el contar con 150 mil efectivos para la Guardia, al finalizar el sexenio. El reclutamiento también está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, incluyendo la aplicación de la mitad de las pruebas de control de confianza.
Especialistas y organizaciones como Causa en Común han criticado lo que consideran ha sido una “militarización de la seguridad pública”, al optar para ello por elementos de las fuerzas armadas con una formación y perfil distinto al de un policía.
De igual forma han criticado el que se haya optado por desaparecer a la Policía Federal, proceso que además trajo en este año diversas protestas, incluyendo intentos de bloqueo del Aeropuerto de Ciudad de México por elementos de dicha corporación, que han rechazado ser transferidos a la Guardia o a alguna otra institución.
De reuniones y reformas, la nueva estrategia
Como parte de la política en materia de seguridad en este sexenio el presidente López Obrador encabeza diariamente reuniones del gabinete de seguridad nacional en las que se analizan temas relacionados con esta materia, así como situaciones específicas de coyuntura.
En dichas reuniones que tienen lugar a las 6 de la mañana, de lunes a viernes en Palacio Nacional, participan de forma recurrente el presidente, el secretario de Seguridad Ciudadana, así como los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina. Otros asistentes frecuentes son el comandante en jefe de la Guardia Nacional y el titular de Centro Nacional de inteligencia.
De forma similar se llevan a cabo reuniones diarias de seguridad diarias en los estados del país con representantes de las fuerzas federales y estatales.
Otro eje central para reforzar el combate a la seguridad son diversas reformas constitucionales impulsadas por el gobierno, y aprobadas gracias a su mayoría en el Congreso. Entre ellas destaca la reforma para ampliar los delitos que ameritan prisión preventiva automática (oficiosa), así como la modificación que avala cinco años de la participación de las fuerzas armadas convencionales en tareas de seguridad pública.
También se hicieron modificaciones para agilizar la extinción de dominio (aseguramiento de bienes) producto de la delincuencia, y se han expedido leyes en materia de registro de detenciones y uso de la fuerza, entre otros.
Organizaciones como México Evalúa o Causa en Común han calificado como regresivas algunas de estas modificaciones legales, sobre todo la relacionada con ampliar el catálogo de ilícitos que ameritan prisión automática aprobada desde mayo pasado, y cuyo impacto en temas de seguridad no se ha visto reflejado hasta ahora.
Ofensiva antilavado
Una de las principales estrategias que ha impulsado el gobierno en este primer año del sexenio es el congelamiento de cuentas bancarias ligadas a actividades de lavado de dinero o diversas operaciones ilícitas, a partir de investigaciones a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Datos actualizados del gobierno arrojan que se han inmovilizado recursos por 5 mil 160 millones de pesos y se han procesado a mil 992 personas vinculadas a presuntos hechos de delincuencia organizada.
Lo que no se conoce, hasta ahora, es cómo estas medidas han afectado o debilitado las operaciones de los grupos del crimen organizado dedicados a temas como el narcotráfico o la trata de personas.
Poco dinero y aun menos para 2020
De acuerdo con el informe “¿Cómo Vamos en Seguridad Pública?” de Causa en Común, México destinó en 2019 un presupuesto total de 225 mil 920 millones de pesos para seguridad que equivale al 0.9% del Producto Interno Bruto. Dicho presupuesto es inferior al de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que destinan en promedio un 3% del PIB a seguridad.
El mismo informe destaca que se privilegió la repartición de dichos recursos a las fuerzas armadas, en detrimento del Subsidio para la Seguridad Pública en Municipios (FORTASEG) que sufrió un recorte del 23%, y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que tuvo una disminución del 2%.
El panorama luce aun peor para 2020, según otro análisis de México Evalúa. Y es que para el presupuesto del próximo año se aprobó un nuevo recorte del 0.24% al FASP, y de 3.69% al FORTASEG.
Más preocupante aun, de acuerdo con la organización, es que el Congreso no quiso incluir en el presupuesto un lineamiento aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad para elevar de 20 a 50% el porcentaje del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), que debe destinarse exclusivamente al fortalecimiento de las policías municipales.
Lo anterior, detalla México Evalúa, vuelve prácticamente imposible materializar el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que impulsa el gobierno federal, y que entre otras cosas requiere impulsar el reclutamiento de 150 mil nuevos policías municipales en todo el país.
