TMBINFO Noticias de OAXACA Las Noticias de Oaxaca
Mujeres que sufrieron ataques con ácido se enfrentan a un sistema de justicia que minimiza sus lesiones, a una sociedad que les pone obstáculos y a un Estado que las olvida.
A Esmeralda, María Elena, Carmen y a Martha les arrojaron ácido en el cuerpo y rostro. Su recuperación no ha sido fácil.
Ellas se han enfrentado a un servicio médico que las discrimina, a un sistema de justicia que minimiza sus lesiones y que no lleva a sus agresores a la cárcel, a una sociedad que les pone obstáculos para reincorporarse a la vida y a un Estado que las olvida.
A pesar de estas dificultades, han tejido redes de apoyo y de acompañamiento que les han permitido continuar y ayudar a otras mujeres víctimas de este tipo de ataques, visibilizar la violencia de género y luchar para que las leyes cambien.
En el país no hay una cifra oficial del número de mujeres que han sido quemadas con ácido, pero los casos son una realidad. Hay víctimas en México. Tienen un nombre y una historia.
Los ataques con ácido en México no están considerados como un delito en el Código Penal Federal, solo en la Ciudad de México, donde desde enero de 2020 los ataques con sustancias corrosivas tienen penas que van de los 9 a 12 años de prisión.
Además, el Congreso capitalino modificó el artículo 131 para incrementar por la mitad la sanción cuando el ataque sea por razones de género, cuando quien provoque las lesiones tenga un lazo familiar cercano con la víctima, o cuando las lesiones se consideren infames, degradantes o mutilantes.
Animal Político habló con mujeres víctimas de violencia de género que fueron atacadas con ácido, cuentan su historia y los obstáculos que han enfrentado en su recuperación.
Sus historias son diferentes, pero hay puntos de coincidencia: falta de justicia, carpetas de investigación sin perspectiva de género; atención limitada física y psicológica en el sector de salud público, inexperiencia e insensibilidad de médicos. Falta de programas para reintegrarse a la sociedad y abandono del Estado, porque aseguran, no previene, no investiga, no castiga, no ayuda y no repara.
María Elena, la joven saxofonista que exige justicia
El caso de María Elena Ríos Ortiz, la chica saxofonista de la región mixteca de Oaxaca, es uno de los más recientes y podría tomar un rumbo diferente al resto de los casos porque hasta el momento tiene apoyo de las autoridades, aunque lograr esto no fue fácil.
El 11 de septiembre de 2019 fue atacada con ácido. Su recuperación apenas comienza y lo hace acompañada de su familia y también de Carmen, Esmeralda y Martha.
Ellas la animan y le hacen ver que sí se puede salir del dolor, que todo será un proceso largo, y que necesitará de mucha paciencia, pero que no está sola.
Male, como le dicen sus amigos y familia, es comunicóloga y egresada del Conservatorio de Música de Puebla. Apenas el 18 de febrero cumplió 27 años y su único deseo es que se haga justicia.
Cuando Animal Político se reunió con las mujeres víctimas de estos ataques, también se encontraba María Elena, sin embargo, tras someterse a un tratamiento le resultaba doloroso hablar, sus heridas son muy recientes. Los detalles de la batalla que ha enfrentado en estos 5 meses los cuenta su hermana Silvia Ríos.
“Male me dijo que le truncaron su sueño de dirigir una orquesta, que no sabe para qué vive, que mejor la hubieran matado a dejarla así, aún no agarra su saxofón. Va de la depresión al coraje, pero está tomando mucha fuerza”, declara.
Cuando ocurrió el ataque, explica Silvia, una ambulancia de la Cruz Roja trasladó a Male a un hospital privado. “¿Qué pasó?, No sabían qué hacer, le dieron antibióticos, pastillas para el dolor y tardaron en bañarla, ahí se quedó unas ocho horas hasta que nos dijeron que la trasladáramos a un hospital de especialidades”.
La familia tardó 12 horas para hacer el traslado del hospital privado al Hospital de Huajuapan de León, donde ellos viven, buscaron el apoyo de la presidencia municipal, pero todo demoró. Ahí estuvo hospitalizada pero no había un área para atender a personas quemadas.
Tuvieron que pasar otras 12 horas más para que se logrará el traslado al Hospital Civil de Oaxaca “Aurelio Valdivieso Fuentes”. A Silvia le dijo el secretario de Salud de la entidad que no había camas disponibles y que solo le podían ofrecer llevarla a Puebla.
Tras amenazas de hacer el caso mediático y bajo presión de la familia, finalmente las autoridades aceptaron llevarla al Hospital Civil, el más grande de la entidad. Para que esto ocurriera pasaron otras 4 horas.
“Male era un bebé, no podía moverse, comer, nada. Era terrible y frustrante. Esa frustración creció en el hospital ya que no había higiene, el personal era grosero (…) Tenía horarios específicos para sus medicamentos y pomadas y no los cumplían, cuando les recordabas se molestaban”, dice.
“Era una insensibilidad de no creerse. A los doctores no les interesaba lo que sufría, no tenían tacto, los únicos atentos y más humanos eran los residentes”, recuerda.
Después de tres meses ahí y tras 20 días de su primera cirugía de injertos la saxofonista fue dada de alta, tenía que ir constantemente a revisión, así que se dificultaba su traslado porque se combinaban: tres horas de camino al hospital, carreteras en mal estado y el riesgo de que le diera el sol.
A la tercera semana de revisión, narra Silvia, le dijeron que se tenía que quedar porque se le cayeron los injertos. Vino una nueva operación y otra vez se cayó la piel injertada de cara, cuello, la del brazo, manos y pecho. Había bacterias y no pegaba.
“Fui con todo y fotos a ver al fiscal de Oaxaca para pedir que mejor la trasladaran a la Ciudad de México porque mi hermana estaba mal y el personal no estaba capacitado. Pasaron varias semanas para que me hiciera caso, eran llamadas, mensajes, visitas, rogarles (…) Hasta que un medio publicó el caso de mi hermana nos buscaron”.
Silvia también envió una carta para pedir apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador.
El 14 de diciembre la joven fue trasladada al Instituto Nacional de Rehabilitación de la Ciudad de México. La familia aún no sabe hasta dónde llegará la atención, solo que será un largo camino.
“El caso de Male se ha hecho mediático y eso no le gustó al gobierno, por eso la está apoyando. Ya firmamos un convenio con las autoridades del estado en el que se compromete a darle lo necesario para su cuidado, ahorita paga hospedaje, comida y traslados, aunque no tenemos claro el proceso médico a largo plazo”, expresa Silvia.
En lo que coincide con las otras historias es que cuando se armó su carpeta de investigación no se hizo por intento de feminicidio, se minimizó a lesiones.
“La violencia parece que no viene solo de parte de los agresores, también de médicos, de las respuestas de las autoridades, legisladores y fiscales”, asegura Silvia.
María Elena señala como responsable intelectual de su ataque a Juan Vera Carrizal, empresario gasolinero, exdiputado del PRI y su expareja.
La Fiscalía del estado ofrece una recompensa de un millón de pesos a quien brinde información sobre su paradero. Los dos presuntos autores materiales de la agresión, padre e hijo, se encuentran en prisión preventiva desde finales de diciembre de 2019.
En una entrevista que dio a La Jornada María Elena dijo: “Para su mala suerte estoy viva, con mucho dolor, con mucha tristeza, pero cada día más fuerte. Porque no queda de otra. Y lo estoy logrando gracias a mis padres, a mi hermana Silvia, que se convirtió en una activista para defenderme, y a tantas voces de mujeres que se han alzado por mí, que sé que son mis amigas, aunque no conozca sus nombres ni sus caras”.
Declaró que a una mujer quemada solo le queda ser fuerte. Su mamá tiene un doble dolor, ver a su hija y sus propias lesiones. Ella se quemó el pecho, los brazos y el abdomen cuando corrió a abrazar a Male.
En busca de más apoyo
Cirujanos y cirujanas plásticas, médicos, dermatólogos, legisladores, abogadas, incluso estilistas y muchas mujeres sororas, forman parte de esa red de apoyo que ha ido formando Carmen Sánchez, la primera en visibilizar este tipo de agresiones en México.
El lazo se está tejiendo con otro país, en especial con Gina Potes, la primera mujer en ser rociada con ácido en Colombia y quien tiene una fundación llamada Reconstruyendo Rostros. Intercambian experiencias, iniciativas de reforma para ver qué se puede replicar en México.
Las víctimas de estos ataques hacen un llamado a que más personas se sumen y apoyen, cada quien con lo que pueda y desde su área: psicólogos, trabajadores sociales, abogadas, laboratorios, más cirujanos.
La doctora Isela Méndez, médica cirujana especialista en dermatología, actualmente les da tratamientos de forma gratuita, les mejora su elasticidad, aplica ácido hialurónico, colágeno, bótox, enzimas, células madre; les da cremas y les hace tratamientos muy especiales que son costosos.
Con Carmen y Esmeralda, por ejemplo, lleva una inversión de 300 mil pesos.
“Los hospitales públicos o de quemaduras solo se especializan en mejorarlas funcionalmente y a veces ni eso, acá se les apoya más con la parte estética, y la verdad les ayuda mucho, su autoestima está mejor”, dice la doctora.
“Al consultorio vienen juntas, significa también un acompañamiento. Cada tratamiento es doloroso y eso significa recordar y activar ese dolor emocional”.
La doctora Méndez hace un llamado a los laboratorios para que se sumen apoyando con insumos, y así, Carmen, Esmeralda, Martha y María Elena continúen con sus tratamientos.
