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Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 31 de agosto de 2026.
La detención de nueve integrantes de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO) el 27 de agosto no es solo un golpe contra una estructura criminal. Es la prueba de que durante meses —posiblemente años— autoridades estatales, especialmente de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), sabían, veían y toleraban a una organización dedicada a la extorsión, el cobro de piso, el despojo y el sicariato.
Entre los detenidos están Sharon Italia Curiel (“La Italia”), secretaria general de la ASAEO; la regidora Érika Suliana Muñoz, de San Antonio de la Cal; y operadores conocidos como “El Panda”, “El Cangrejo”, “El Gordo” y “El Melón”. Algunos reportes señalan también a un síndico del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Todos fueron capturados en un mega operativo con más de 300 elementos federales y estatales que ejecutó 14 cateos simultáneos. Varios ya fueron enviados a un penal federal.
La mentira de la “falta de denuncia”
El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla intentó justificar el retraso con una frase cómoda: “no había denuncia”. La realidad es otra. Había denuncias ciudadanas, hostigamientos públicos, calcas de la ASAEO pegadas en taxis y mototaxis, y sobre todo imágenes que hoy lo desmienten todo.
Las fotografías muestran a funcionarios y personal de SEMOVI compartiendo escenarios, foros y eventos con la cúpula de la ASAEO. Banners oficiales de “Transporte Seguro en Oaxaca” colocados junto a las banderas de la organización criminal. Policías uniformados custodiando los actos. Dirigentes de la ASAEO posando sonrientes con personal de movilidad.
No fue ignorancia. Fue tolerancia. O peor: complicidad.
Detrás de la ASAEO aparece el escudo político una y otra vez el nombre de Noé Jara Cruz, hermano del gobernador Salomón Jara y funcionario del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Mientras la organización cobraba piso, amenazaba comerciantes y controlaba rutas de transporte, mantenía una relación pública y cercana con el círculo del poder estatal.
El gobernador salió a decir que “nadie tiene privilegios”. Las imágenes gritan lo contrario: durante mucho tiempo sí los tuvieron.
Impacto legal: de la omisión a la posible responsabilidad penal
Los detenidos enfrentan delitos graves que pueden costarles décadas de prisión. Pero el caso no debería quedarse ahí.
Las imágenes abren una línea de investigación clara contra servidores públicos de SEMOVI y otras dependencias:
Omisión de denuncia**
Falta grave de diligencia**
Posible encubrimiento
Si se acredita que sabían de los delitos y no actuaron, no solo enfrentan sanciones administrativas (destitución e inhabilitación). Pueden responder penalmente. La Fiscalía tiene la obligación de investigar de oficio. Ya no puede esconderse detrás del argumento de que “no había denuncia”.
La presencia de SEMOVI en eventos de la ASAEO no es un detalle menor. Es evidencia de que la estructura criminal operó con protección o, cuando menos, con una mirada cómplice de quienes debían regular el transporte en el estado.
Lo que cayó el 27 de agosto no fue solo una banda de extorsionadores. Fue el síntoma de una red de tolerancia institucional que permitió a la ASAEO actuar a la vista de todos. Las fotografías no mienten: SEMOVI sabía, SEMOVI estaba ahí y SEMOVI no hizo nada.
Ahora la pregunta ya no es solo cuántos años de cárcel recibirán los detenidos. La pregunta real es:
¿Quién más va a pagar por haber permitido que esto ocurriera?
La Fiscalía tiene la evidencia fotográfica. Tiene las denuncias. Tiene el deber legal.
Solo falta que decida si realmente nadie está por encima de la ley… o si esa frase también era solo discurso.
Fuentes:
Comunicados de la FGEO, declaraciones del fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla, reportes de Proceso, La Jornada, La Silla Rota, Infobae y material fotográfico de eventos públicos de la ASAEO.
